Al terminar el cuatrienio Barco en 1990, la urgencia era contener el terrorismo de Pablo Escobar y la primera visión del gobierno de César Gaviria fue apaciguarlo a través de una política de sometimiento a la justicia basada en una oferta judicial de rebaja de penas y no extradición. Bajo el amparo del Estado de Sitio y la gestión del ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel, la fórmula cobró vigencia jurídica el 5 de septiembre, a través del decreto 2047.
En esencia, ventajas procesales por entrega voluntaria a las autoridades, confesión y colaboración eficaz con la justicia y no extradición, que el gobierno presentó al país como una manera de abrir las puertas a la paz con “nuevo aire de juridicidad”. A prudente distancia, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Thomas McNamara, calificó la propuesta como “soberana y novedosa”. Escobar la rechazó porque tenía su propio plan.
Sin reponerse de la pérdida del rey de sus bandidos, John Jairo Arias, “Pinina”, abatido por la Policía en junio; y la de su primo y socio, Gustavo Gaviria Rivero, al cuarto día del nuevo gobierno, el capo sabía las intenciones del Estado y consolidó su ataque. Con el señuelo de una entrevista al jefe del Eln, el cura Manuel Pérez, Escobar secuestró a un grupo de periodistas del noticiero de televisión Cripton y la revista Hoy por Hoy, integrado por Diana Turbay, Azucena Liévano, Hero Boss, Juan Vitta, Richard Becerra y Orlando Acevedo.
Cuando el gobierno ya había expedido el decreto 2047 se supo del plagio. Y también que era apenas el comienzo del proyecto Escobar. El 19 de septiembre secuestró al jefe de redacción de El Tiempo, Francisco Santos. Una hora antes, en su propio restaurante, a Marina Montoya, hermana del exsecretario de la Presidencia, Germán Montoya.
Se trató entonces de la la hija del expresidente Julio César Turbay; del hijo del director del periódico El Tiempo, Hernando Santos; y de la hermana del exsecretario general del gobierno Barco, a quien que Escobar quiso volver intermediario de su entrega a la justicia. El 7 de noviembre sumó dos rehenes más.
Maruja Pachón, cuñada de Luis Carlos Galán y esposa del dirigente del Nuevo Liberalismo Alberto Villamizar; y Beatriz Villamizar, su hermana. Un botín de secuestrados contra un decreto que perdió importancia porque nadie se entregó y, en cambio, el cartel de Medellín tuvo tiempo para extremar su guerra contra el de Cali, con episodios que la memoria debe preservar. Como el 25 de septiembre en que los sicarios de Escobar creyeron dar con el capo Pacho Herrera y masacraron a 17 hombres, entre gente del cartel de Cali y otros que jugaban fútbol en una cancha de Candelaria (Valle).
La lucha fratricida que libraban los carteles y agravaba el difícil panorama de seguridad para el Ejecutivo. Por eso, el gobierno Gaviria no podía esperar a que Escobar o sus pares acogieran o no el decreto 2047. Además del secuestro, el narcotráfico daba demostraciones de su poder criminal, lo cual también determinó la expedición del Estatuto para la Defensa de la Justicia (decreto 2790 de 1990) o “Justicia sin rostro”, creado para preservar la vida de los jueces y magistrados que seguían en la mira de la mafia.
Un severo régimen penal que no encajaba en el ambiente democrático de la constituyente en proceso, pero que se hizo realidad con el uso de los testigos ocultos para direccionar procesos, o administradores de justicia conduciendo interrogatorios desde afuera de cabinas oscuras donde los procesados solo oían sus voces distorsionadas.
El Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos (IPS), en asocio con un bufete de abogados, hace algunos años interpuso una demanda contra la CIA ante una Corte Distrital de Washington, para que entregara información sobre la colaboración que existió entre Estados Unidos y Los Pepes. No existe respuesta.
En Colombia, quedaron testimonios judiciales de cómo Los Pepes, al igual que el Bloque de Búsqueda, reivindicaron la baja de Escobar. A sus 44 años, únicamente custodiado por un sicario también abatido, cayó por fin el capo de capos. La primicia desató el alborozo que ayudó a que prevaleciera la sensación de que la guerra estaba ganada. Al menos ésta, realmente era una victoria de todos: la DEA y la CIA. El Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía. Las autodefensas, los capos del norte del Valle y Cali o los antiguos aliados de Escobar.
Tomado de elespectador
